Hace unos días, quizá como
continuación a la Semana Santa, y aprovechando que muchos se encontraban con
clavos y con martillos de sobra –son tiempos de pasión y todos tenemos los nervios a
flor de piel- se produjo otra crucifixión mediática en este caso con la Dña. Mónica Oriol
como consecuencia de sus palabras sobre la reducción del salario mínimo
profesional, los NINIS y alguna que otra propuesta que profundiza en la reforma laboral. A parte de la interpretación, que está sujeta a cada
uno, y a parte también de la mejor o peor presentación de la información (yo creo que se podía haber hecho
mejor), para mí tengo también que subyace
cierta relación entre paro y salario mínimo, entre NINI y “aprovechado” -o directamente jeta-, y también entiendo que aunque todos los NINIS están parados, no todos los parados son NINIS, ni por asomo y esto último quizá se malinterpretó en las declaraciones de la Presidenta.
Y
dejando a parte y fuera de este análisis la intervención de la Sra Oriol, me gustaría apuntar lo siguiente: el paro entre los
jóvenes es insoportable, más del 55% de los que quieren trabajar no encuentran
trabajo por mucho que lo busquen; segundo que en el colectivo desempleado existe una dualidad, casi bipolaridad: por un lado personas muy preparadas y por otro, los que tienen una cualificación muy deficiente. Ahí van algunos datos que arroja la EPA, de los 6
millones (si, hombre ya sé que no son tantos que son 5,933 millones es por redondear), aproximadamente un millón no tiene estudios (primaria), tres millones -la mitad- únicamente posé el título de
Educación Secundaria Obligatoria, otro millón ha estudiado algún módulo de FP y
otro más, tiene estudios universitarios o estudios de bachillerato. Así está el
patio.
Lógicamente y a pesar de que
muchos parados (especialmente los de larga duración) se desesperen al ver que no encuentran
trabajo por mucho que lo intentan e incluso cuenten con estudios suficientes, lo cierto es que cuanto
mayor es el nivel formativo más posibilidades tienen de encontrarlo. Eso es un hecho incontrovertible. Luego primer corolario con el que nos encontramos: hay que estudiar. Recordemos que al margen de la calidad de la enseñanza, la tasa de abandono escolar
es del 30%. Inaceptable.
En otras entradas hablaremos de qué habrá que estudiar y de su adecuación al nuevo modelo productivo -si es que lo hay-, basado en la internacionalización comercial, eso al menos es lo que dice todo el mundo (yo dudo siempre de verdades absolutas); pero lo cierto es que tratándose del desempleo se requiere en general de más estudio-formación y por lo tanto una aplicación de políticas activas ( que son las que se han recortado precisamente) y no sólo pasivas como está ocurriendo en la actualidad, que permitan revertir la situación: me acuerdo del doctor Ocaña y su famosa cantinela: “más vale prevenir que curar”. Pues
manos a la obra, hay que formar, educar más en profundidad que los cursos al
uso -en función de un número de horas y un certificado-. Hemos de incentivar una
formación profunda en conocimientos, práctica y duración. Y para ello hay que
contar con las empresas.
Las empresas, los empresarios no
son los malos de la película, no deben serlo, de hecho no lo son, ¡coño! Al
contrario son fundamentales en el sistema; pero ¿qué empresario en su sano
juicio, va a contratar, con la que está cayendo, a desempleados, apenas cualificados
(ver más arriba) por el SMI que no olvidemos es de más de 9.000€/año a los que
habrá que sumar las cargas sociales? Pues pocos o ninguno. Por lo tanto hay que
repensar el sentido del SMI y considerar si a los niveles actuales beneficia o no a la contratación. En principio y sin hacer muchas sumas ni restas, ni buscando la elasticidad, ni la productividad marginal de una hora de trabajo, aplicando sólo el sentido común, para esa inmensa masa de desempleados sin cualificación no
les beneficia en absoluto: “total si tengo que pagar lo mismo elijo a los que
tengan estudios”, ¿no pensaría querido lector, usted así?
Pero surge inmediatamente el prejuicio hispánico: se van a aprovechar. Lógicamente, estos procesos no
deben ser causa y motivo de la baja calidad en los trabajos o la existencia de
situaciones rayando la explotación, ni mucho menos: hay mecanismos sencillos contemplados
en nuestro ordenamiento jurídico para evitar situaciones abusivas como en
cualquier relación contractual. No buscar soluciones a la situación de más
de 5 millones de personas (seis en realidad, pero hay que tratar de ser
optimista como el Gobierno) por el miedo a los efectos o los daños colaterales
que pudieran ocasionar sería -además de mezquino e injusto para los desempleados-, como poner una escayola en previsión de una rotura y normalmente no vamos con escayolas por la calle.
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