Para acabar el año 2013, y acompañando el presupuesto
del 2014, el Gobierno presentó una batería de propuestas en nada positivas para
contribuir a que la incipiente recuperación se consolide, y me refiero a las
nuevas imposiciones recaudatorias en forma de DLey 16/2013, donde se introducen
nuevos elementos susceptibles de cotizar a la S.S. y eleva las cargas sobre
otros que ya cotizaban: planes de pensiones, mejoras en las prestaciones de la
SS distintas a la Incapacidad Temporal, los pluses de transporte y distancia,
los vales de comida, las entregas de productos a precios rebajados en comedores
de empresa, o las asignaciones en forma de primas de contrato de seguro por
accidente o guarderías, entre otras.
Pero en concreto se incrementa un 2% la base mínima de
cotización para autónomos, hasta los 875,7 lo que significa que la cuota mínima
pasa a 261,83€; y a su vez sube un 5% la base máxima de cotización. Pero además
a los autónomos societarios y con aquellos con más de 10 trabajadores también
notarán la subida impositiva de un 22% en la cuota mínima mensual (313,34).
Y a todo esto se suma la desaparición del la
indemnización del FOGASA en caso de contratos por causas objetivas en empresas
con menos de 25 trabajadores, si bien es cierto que el Gobierno añade “para las
empresas solventes” y la desaparición de los aplazamientos en los pagos de las
retenciones del IRPF (modelo 111).
No parece que sean medidas tendentes a mejorar la
competitividad de las empresas, teniendo en cuenta además que las afectadas,
suponen más del 80% del tejido empresarial de nuestro país. Muy al contrario
suponen una traba en la recuperación y dejan ver las enormes tensiones
financieras que subyace en las cuentas públicas, ávidas de cualquier ingreso y
sin importar mucho lo que implique.
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