Hoy en los periódicos económicos
aparece la noticia de que un porcentaje muy elevado de la retribución de los
trabajadores de Hacienda, en concreto hasta un 40% dependerá de su
productividad, no es que se refiera únicamente a sanciones, pero pensar en
otros criterios para establecer la parte variable del sueldo de un inspector,
se me hace complicado, al menos teniendo en cuenta las personas que nos
dirigen, porque pensando en el administrado, criterios de control hay muchos,
por ejemplo atención al usuario, número de expedientes concluidos, tiempo (de
espera, de resolución, de trámite,…), eficacia y eficiencia en los recursos
utilizados, quejas, …¡Anda que no hay! Pero seguramente el más sencillo en la
mayor parte de los casos será aplicar el de sanciones e infracciones.
Con lo que el espíritu recaudador
se incrementa, pasando la carga de la prueba de la situación inaguantable de la
existencia de un porcentaje superior al 25% de economía sumergida al
contribuyente, es decir, se busca
mediante un atajo mental concienciarnos de que el que no paga es porque no
quiere y así evitar buscar otras razones, más profundas y de mayor alcance a
largo plazo, porque como decía Keynes, a largo plazo todos muertos y más en
política.
Seguramente haya muchos en esa
situación auténticos sinvergüenzas y chupópteros sociales, pero quiero pensar
que hay muchos más y con eso no estoy defendiendo el fraude ni la objeción
fiscal, ni ningún otro delito o comportamiento tipificado en el código penal,
en situación legal que van a sentir muy gravosamente este acicate remunerativo:
el número de inspecciones se multiplicara así como el de revisiones y el de
auditorías. Y es muy posible que la voracidad se centre en esas empresas ya de
por sí maltrechas después de más de 5 años largos de pérdidas y de recortes que
aguantan estoicamente y que son de fácil acceso –basta con un listado-. Porque
me pregunto, ¿cómo van a buscar y a investigar a aquellos que trabajan dentro
de esa economía sumergida si por definición ni siquiera existen?
Es posible que la intención sea
buena, que el objetivo de identificar y castigar a los tramposos sea loable,
que se introduzcan criterios de remuneración a través de la productividad en el
sector público y en general de incrementar los ingresos del estado, pero quizá
no sea la mejor manera de hacerlo. En este sentido la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado apunta hacia otras soluciones, como mayor independencia política y financiera, limitación de los cargos de libre designación y unificar competencias, y hombre, digo yo que algo sabrán del tema.
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