Normas, normas y más normas.

Según un informe de la CEOE desde 1970, se han puesto en marcha un total de 39.340 normas estatales, repito por si se nos hubiera colado el dato, estatales; sólo en el 2013 se publicaron en el BOE nada menos que 688. La mayoría de las normas estatales, son a base de órdenes ministeriales (60,3%), seguidas de los reales decretos (30,48%) y de los decretos (4%) ya a una distancia muy considerable de las anteriores formas de regulación.

No vamos a continuar con las materias publicadas, ni muchos más información, para la muestra vale un botón, como el siguiente: las hojas publicadas, desde el inicio de la serie pasan de 170.000, si bien es cierto que desde el 2011 se aprecia una disminución en la actividad impresora, serán los recortes. En ámbito autonómico, la voracidad legislativa es incluso mayor, por ejemplo en nuestra comunidad que no es especialmente activa en este campo, el BOCYL publicó a lo largo del año 2013 casi 85.000 páginas, el 10,1% del total de las publicadas en los boletines autonómicos que suman más de 800.000.

Y me hace reflexionar si no será mucha reglamentación, dudar incluso si realmente tanto hay que legislar, tantas actividades que haya que acotar y relaciones que tipificar. Y me pregunto si no sería mejor, a la vista de la destrucción y el empobrecimiento del tejido empresarial y económico, facilitar la vida a los agentes económicos -empresarios y trabajadores- para que puedan dedicarse a hacer lo que mejor hacen: crear riqueza y bienestar. ¿No es mejor poco y claro que mucho y farragoso? Establecer un marco jurídico donde las partes sepan exactamente lo que les afecta y puedan acordar en función de ello. De qué valen tantas normas si es imposible para el común de los mortales un mínimo conocimiento de su existencia y de su repercusión final en cada uno, lo cual es mucho más peligroso: ignorantia legis non excusat.