El Tribunal de Justicia de la UE
ha sentenciado en pasadas fechas que el céntimo sanitario es ilegal por no
ajustarse a la legislación correspondiente en materia de impuestos comunitarios
y política tributaria de la UE. En consecuencia se condena al Reino de España a
devolver lo recaudado desde 2002 hasta el 2012, nada más y nada menos que unos 13.000
millones de euros. No es la primera sentencia en este sentido condenado al Reino de España por una práctica ilegal en materia fiscal, incluso algunas sin comerlo ni beberlo como es el caso de las ventajas fiscales en el País Vasco, donde el responsable es el conjunto, no la autonomía beneficiada.
Independientemente de si nuestros políticos actuaron de buena
fe o de mala adicionando dicho impuesto al elevado coste del combustible a
sabiendas de que la UE lo podía rechazar, podemos sacar extraer una conclusión clara
y es que la gestión ha sido mala y como segundo anatema que es necesario
establecer unos impuestos claros donde el objeto del mismo esté tipificado y pueda
ser controlado.
El ciudadano debe conocer la relación causa y efecto de su
contribución a los ingresos públicos, y de esa manera poder sacar conclusiones
sobre la eficiencia y eficacia de sus aportaciones. La mayoría de los
impuestos, tasas o contribuciones son de difícil comprensión para el común de
los administrados, con límites y devoluciones, desgravaciones y otras figuras
que tienden a desvirtuar el objeto del impuesto, lo que conlleva al desánimo en
el administrado y a prácticas sino ilegales al menos amorales. Existe una clara desinformación, buscada o no, del destino de los impuestos e intrínsecamente de lo que el ciudadano paga, lo que hace que las responsabilidades se diluyan y el deber de aportar de cada uno al conjunto se relaje cuando no se evite.
Por otro lado la perversión e
incluso indefensión que afecta al administrado se refleja en la dificultad de
solicitar la devolución de dichos ingresos indebidos por esos procedimientos
tributarios que se refleja en la previsión de dicha cuantía en apenas 3.000
millones, y siempre una vez que se aclare la competencia final entre las
distintas administraciones tributarias.
Esfuerzos como el reciente de los expertos fiscales para establecer un sistema más adecuado son loables, independientemente si se está de acuerdo con las conclusiones o no porque demuestran que el actual tiene importantes deficiencias que hay que corregir.
