Ahora toca la economía sumergida

Acaba de presentar el Gobierno un reglamento para combatir la economía sumergida. Claro, el gobierno está muy preocupado porque según sus estimaciones llega al 25% del PIB. Casi nada, 260.000 millones de euros.

Normalmente la economía sumergida responde a dos patrones uno cultural, los países mediterráneos encabezan las listas de defraudadores y otro coyuntural ya que crece en inversa proporción al desarrollo de un país. Así cuando las expectativas son malas y el PIB decrece, se produce un rebote al alza en la economía sumergida. Claro, ahora que estamos pasando las de Caín cada vez hay más defraudadores y es cuando no queda nada en el cajón de los recursos públicos cuando nos llama la atención. Parece ser que repercute en la recaudación fiscal entre el 5-6% del PIB y eso es mucho. Pero lo cierto es que economía sumergida hubo, hay y habrá.

Pero primero de todo habría que determinar el concepto de economía sumergida, que va más allá de una empresa que no declara el IVA, así hay que entender el delito cometido por cualquier persona física o jurídica tendente a no cumplir son sus obligaciones fiscales o administrativas. Por consiguiente lo será esa empresa y cualquier otro que defraude en la declaración del IRPF.

Es un tema muy complejo, por su propia naturaleza de difícil estimación, a pesar de que se intenta, principalmente porque es una parte de la economía oculta y por consiguiente semi desconocida o desconocida, en otro sentido implica que la Administración es consciente y lo permite y desde luego aquí no vamos a pensar mal de la Administración. Como tampoco queremos que piensen mal de los empresarios. No todos defraudan. Es más es una minoría. Y hay que añadir que muy perjudicial, para los que sí cumplen, ya que les colocan en una posición de indefensión en el mercado.

Se rompen las condiciones propias del mercado, donde los agentes compiten entre sí en igualdad de condiciones y los defraudadores no lo hacen así. Eliminan gastos en forma de impuestos y obligaciones lo que les da una ventaja competitiva invencible para el resto que tendrá que decidir entre hacer lo mismo o cerrar. Según los últimos datos de SPEE, el desempleo llegaba a 4,3 millones, pues bien, se estima que existen más de cuatro millones de trabajadores irregulares, aunque desgraciadamente ningún estudio estima el número de estos que cobran la prestación por desempleo.

Ante esta situación el gobierno, como siempre que está preocupado por algo, saca un reglamento, casi por arte de magia y a otra cosa mariposa que esto ya está solucionado. Y cómo lo soluciona, como siempre, que lo arreglen los otros, en este caso los empresarios (legales), ellos son los que tienen que investigar, preocuparse y dado el caso denunciar a los compañeros, porque si no lo hicieran podrían tener responsabilidad en el delito. Y así se coloca una nueva piedra más en el morrión del empresario, que por cierto no me extrañaría que un día dijera: ¡hasta aquí! O parafraseando a Unamuno: ¡que contraten ellos!  Para más inri el reglamento supondrá más inspecciones, normalmente a los que están de acuerdo con la ley, suelen ser los que se ven –es más fácil darse una vuelta por un polígono (las empresas no se mueven) que buscar un empresario fraudulento (que no suelen tener ubicación fija)-.

Total que al final pagan los de siempre.